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BUENOS AIRES.- El pasado 24 de marzo, multitudinarias manifestaciones conmemoraron en Buenos Aires los 39 años de la sangrienta dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos al grito de “Nunca más”. Representantes del pueblo Qom, que habita en las provincias de Formosa y Chaco, aprovecharon la ocasión para denunciar que, mientras el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se vanagloria de sus políticas de derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, los derechos humanos de los indígenas se siguen violando a diario.

La Comunidad Qom de la Primavera, de Formosa, comenzó 2015 con la décima muerte en cuatro años que las autoridades atribuyen a “paro cardíaco” o “accidente de tráfico”, pero que, para la comunidad, responde a motivos más oscuros. Esta vez fue Esteban Medina, de 17 años, encontrado muerto junto a la ruta 86, la misma carretera que ha visto al pueblo Qom protagonizar cortes y manifestaciones para reclamar el derecho a sus tierras ancestrales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos les dio la razón cuando, en 2011, exhortó al Estado argentino a proteger la vida de los integrantes de la comunidad. El Estado miró hacia otro lado y hoy el pueblo Qom tiene que lamentar varias muertes más.

El pueblo Qom decidió entonces acampar ante la Casa Rosada y manifestarse en Buenos Aires, cortar la céntrica avenida 9 de julio y tratar de visibilizar así la situación de represión que sufren desde hace años. A esa marcha acudieron representantes de la organización Qopiwinni, un intento de articulación política de las cuatro etnias indígenas que habitan Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Porque, dicen ellos, todos sufren los mismos problemas, y éstos se reducen a uno: la lucha por la tierra.

Los Qom, como tantas otras etnias indígenas a lo largo y ancho de América Latina, llevan siglos resistiendo al avance sobre su territorio, pero en los últimos años la presión se ha incrementado, en parte, por el avance de la frontera de la lucrativa soja. Los Qom dijeron no al modelo sojero y al glifosato ─el agresivo herbicida que tolera la soja transgénica─ y lograron frenar la expansión del monocultivo en 2010, pero desde entonces han visto aumentar la presión sobre sus tierras. Y es en ese delicado contexto en el que siguen demandando, como exige la ley argentina, la devolución de sus tierras ancestrales:

“Eso nos sostiene; sin eso, vamos a ir desapareciendo como pueblo, porque la tierra para nosotros es la base no sólo de nuestros recursos materiales, sino también culturales y espirituales”, afirma Félix Díaz, el qarasé, líder democráticamente electo por la Comunidad de la Primavera, que ha tenido que enfrentarse a varias querellas. Los indígenas hablan de “judicialización y criminalización de las resistencias”.

Dista mucho de ser un asunto aislado. En todo el continente, comunidades indígenas se enfrentan a la expansión de los monocultivos de soja, caña de azúcar o palma africana; a las minas y las explotaciones de hidrocarburos; a las plantaciones de eucalipto y las fábricas pasteras; a las grandes centrales hidroeléctricas.

El modelo extractivista ha consolidado en toda América Latina economías que dependen de la exportación de materias primas, pero su extracción a gran escala conlleva la devastación de ecosistemas enteros y tiene como principales víctimas los pueblos indígenas que son desplazados de sus territorios o que ven cómo el deterioro ambiental imposibilita sus formas tradicionales de vida.

Los Wayúu contra la mina

Son tantos los ejemplos que resulta imposible enumerarlos todos. Alguno de los casos emblemáticos, que dan cuenta de la situación crítica que viven muchos pueblos originarios latinoamericanos, es el del pueblo Wayúu. Hace sólo unos días llevaron ante la CIDH el caso de los 5.000 niños y niñas muertos por hambre y sed en La Guajira (Colombia), muertes de las que culpan a los emprendimientos agroindustriales y mineros que retienen el agua, de por sí escasa, de la región. Los representantes del pueblo Wayúu exigen medidas que les permitan recuperar el acceso al agua mientras se les niega la entrada a la presa construida sobre el río Ranchería. A pocos kilómetros de las poblaciones indígenas, la mina de El Cerrejón, que emplea unos 35.000 litros de agua al día, lo suficiente para abastecer a tres millones de personas.

La mina es el principal problema de los Wayúu, y el interés del Gobierno de Juan Manuel Santos por impulsar lo que él denomina la “locomotora minero-energética” ha sido clave para que la comunidad sea amenazada y atacada para obligar su desplazamiento. Pero no es El Cerrejón el único enemigo de los Wayúu: el agua que se les niega también se requiere para los cultivos agroindustriales de arroz; además, han denunciado que sus bases de subsistencia se ven amenazadas por los grandes barcos pesqueros que, con permiso gubernamental, arrasa con la vida en el mar y les deja sin posibilidades de pescar mar adentro.

El pueblo mapuche contra las petroleras

En la Patagonia argentina, el pueblo mapuche hace frente, desde hace años, a la industria petrolera. Cuando YPF era Repsol, los mapuche ─gente de la tierra, en su lengua─ probaron la contaminación que en la región estaba provocando la extracción de hidrocarburos.

Después de que la empresa fuera nacionalizada, no ha mejorado la suerte de las comunidades mapuches que se asientan sobre la reserva de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de combustibles fósiles no convencionales, que el Gobierno explotará junto a Chevron pese a los inquietantes antecedentes de la empresa estadounidense, condenada por la Justicia ecuatoriana por contaminación reiterada en sus exploraciones en plena selva amazónica. Chevron nunca pagó su deuda con Ecuador y los pueblos indígenas se vieron despojados por los miles de litros de crudo vertidos a los ríos.

Frente a quienes les acusan de oponerse al “desarrollo y el progreso” de Argentina, el pueblo mapuche defiende el derecho a habitar sus tierras ancestrales y a que se cumpla su derecho a la consulta ante este tipo de proyectos, tal como, sobre el papel, garantizan las leyes argentinas y los convenios internacionales, especialmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que casi todos los países latinoamericanos han ratificado, pero en todas partes encuentra trabas para ser implementado.

La violación del Convenio 169 de la OIT, que otorga a los pueblos indígenas el derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras ancestrales, ha sido uno de los muchos obstáculos legales a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno brasileño, decido a construir en el corazón de la selva amazónica, sobre el legendario río Xingu, la central hidroeléctrica de Belo Monte, llamada a ser la tercera mayor del mundo.

El proyecto, de cuyo consorcio constructor forma parte la española Iberdrola, data de los años 70, y la polémica también. Hace 40 años, las protestas de los pueblos indígenas afectados lograron paralizar un proyecto concebido en tiempos de la dictadura militar; el Gobierno de Lula da Silva lo retomó y su sucesora, Dilma Rousseff, lo mantuvo pese a la presión de grupos ecologistas internacionales, las órdenes judiciales de parar las obras por las irregularidades encontradas en la licitación ambiental y otro sinfín de incidencias.

Si, como parece, la obra sale adelante y se construye una presa en el río Xingu, uno de los mayores afluentes del río Amazonas, las consecuencias ambientales son impredecibles, pero de algo no cabe duda: los principales afectados serán los pueblos originarios que habitan la región, los kayapó, arara, juruna y araweté.

“No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios y que aún podemos preservar”. Ese fue el mensaje que, hace años, un líder kayapó envió al presidente Lula. No hay cómo negarles que, al contrario que el hombre blanco occidental, las tribus amazónicas han sabido vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza; lo mismo cabe decir de los mapuche, los Wapúu, los Nasa, los Qom, los guaraní y una larguísima lista de pueblos originarios de la Abya Yala, el nombre que dieron los kuna del actual Panamá a la tierra que los primeros conquistadores europeos quisieron llamar América.

En lo personal, la derrota de los kataristas en el congreso de Potosí de 1988, paralela a la crisis de la COB, fueron hechos que nos impulsaron a ambos a tomar nuevos rumbos, que nos condujeron a vincularnos con el mundo cocalero. Después del fracaso y represión de la Marcha por la Vida en 1986, Filemón renuncia como dirigente de la COB y se va al Chapare a volcar su experiencia en la formación de un sólido liderazgo sindical cocalero. Por mi parte, en octubre de 1992, luego de ver la masiva cooptación de las demandas indígenas por un tinglado de ONG que se habían convertido en el refugio de la izquierda criollo-mestiza, me voy a vivir a Chulumani, iniciando una prolongada relación, intelectual y política, con los cocaleros yungueños y sus luchas. Acompañamos, cada uno a su manera, a los cocaleros cuando eran invadidos, baleados y reprimidos. Caminamos con ellos y soportamos el estigma de drogados, subversivos e ilegales. A través de estos procesos se nos hizo evidente el modo inédito en que el movimiento cocalero combinaba la política sindical moderna con la memoria larga de las comunidades indígenas y sus símbolos culturales. Y ahí descubrimos a la coca como expresión de una nueva “comunidad imaginada” de raiz y tronco indígena pero de follaje densamente moderno, capaz de seducir a las capas medias urbanas con un lenguaje de alteridad que las incluya en un proyecto común de refundación del país.

De otro lado, en los años noventa surgió en varias regiones del mundo un nuevo tipo de izquierda, menos doctrinaria y a la vez más plural y abigarrada. En ella convergían ecologistas, feministas, defensores de la naturaleza y de la diversidad sexual, corrientes contraculturales anarquistas, movimientos indígenas y alianzas económicas autogestionarias. La descriminalización de las sustancias ilícitas y la defensa de las “plantas maestras” indígenas abrieron otro frente de alianzas nacionales e internacionales de vasto alcance político y simbólico. El discurso cocalero pudo invocar así nociones más universales como los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, el respeto por las plantas indígenas y la defensa de sus usos legales y benéficos, sustentados en visiones alternativas de la modernidad y del mercado.

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